Jerónimo Martín de Bernardo.-
En estos días está de moda hablar de la posible amnistía que va a conceder el Gobierno de Pedro Sánchez a Puigdemont, cuando todavía no se ha producido la investidura del que ha sido llamado a formar Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Pero es cierto que todo el mundo sabe ya a estas alturas que la investidura será una farsa.
Para que se conceda una amnistía todavía queda mucho recorrido, aunque hay opiniones para todos los gustos, todo lo que se hable sobre ella son conjeturas, no obstante vamos a analizar lo que supone una amnistía política para Puigemont y otras personas que están acusadas de delitos como estar en una mesa en el referéndum ilegal o llevar urnas a un colegio electoral; y lo vamos a hacer en contraposición a lo que supuso la última amnistía fiscal.
El delito de Puigdemont puede considerarse grave, ya que saltándose el criterio judicial decidió que se votara un referéndum en Cataluña en contra de una decisión judicial, cierto que tenía el respaldo de una parte muy importante de la ciudadanía catalana, pero eso no lo justifica..
Para llevarlo a cabo se organizó un dispositivo que tuvo un importante coste, que una sentencia judicial ha considerado malversación. Fue un hecho decidido por la Generalitat de Cataluña, pero en un país con una clara división de poderes no puede tomarse una medida de esas características saltándose al Poder Judicial..
Dejando claro que la decisión política del Gobierno de Cataluña fue delictiva, es mucho menos grave que más de 30.000 personas se beneficiaran de la última amnistía fiscal. Personas que habían defraudado a Hacienda grandes cantidades de dinero, en la mayoría de los casos más de 120.000 € lo que supone un delito fiscal que está penado con cárcel. Además de haber evadido millones de Euros, llevándolos a paraísos fiscales, pero sacando pecho como buenos patriotas.
Haciendo una comparación, yo creo que la evasión fiscal y el fraude a la hacienda pública, supone un perjuicio para el Estado mucho mayor que hacer un referéndum, que en ningún caso podría ser vinculante, ni tener transcendencia para el Estado. El fraude fiscal supone menos sanidad, menos educación y menos servicios sociales, lo que repercute en menos bienestar para la mayoría de las familias..
De la posible amnistía en favor de Puigdemont se ha escrito mucho y seguramente todavía se llenarán muchas portadas, sin embargo, a las Amnistías fiscales se encargaron los medios de comunicación de la derecha de restarle importancia. Sería bueno que hubieran analizado a cuántos defraudadores se les había perdonado el delito fiscal y por tanto se conocieran los que se habían ahorrado pasar una buena temporada en la cárcel, pero eso no interesaba a los poderes mediáticos que reciben buenos ingresos de publicidad de algunos de estos defraudadores.
Por último dejar claro que las amnistías eliminan los efectos del delito, pero no eliminan el delito en sí, por lo que si volvieran a hacerlo la justicia actuaría, ya que el hecho sigue siendo delictivo.
DIGITAL CON CRITERIO PROPIO 