Rafael Valera.-
Muchas son las informaciones que sobre la llamada “Operación Cataluña” se vienen publicando por algunos medios. Otros, de manera vergonzosa, callan o intentan descalificar toda información que algunos de sus colegas han sacado a la luz pública.
He procurado leer todas las informaciones que se han publicado sobre este “affaire”, a la vez que he ejercitado la memoria y “expurgado” las hemerotecas para intentar entender la profunda “puñalada” que el gobierno del PP –junto a determinados funcionarios del estado, no hay que olvidarlo- ha perpetrado al estado de derecho y a la propia seguridad a la que, como ciudadanos, tenemos derecho.
Este asunto no es nuevo, viene de finales de 2014. Un día de diciembre –concretamente el 10-, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, desde la tribuna del Congreso, responde a una interpelación sobre la supuesta existencia de una unidad secreta dentro de la Policía que investiga a políticos independentistas.
El ministro, como era esperado, lo niega y habla de teorías conspirativas. Es más, acusa al interpelante de ver “persecuciones incluso en sueños”, cosas propias de la psiquiatría y no de la política.
Poco después, nos enteraríamos de una conversación entre el propio ministro y un alto cargo policial y aquello de: “La fiscalía te lo afina”.
No eran, pues, teorías conspirativas, sino la realidad de la utilización de los aparatos del estado de manera obscena e ilegal para fabricar “dosieres” y escándalos que permitieran perseguir a los rivales políticos. A estas alturas, nadie sabe a cuántos y a quiénes ha podido afectar las actuaciones de esa llamada “policía patriótica”.
Una “unidad policial” que no solo destruía pruebas de la corrupción del PP, sino que las fabricaba contra los adversarios. Y todo ello, financiado con fondos reservados.
Si nos atenemos al auto que puso fin a la instrucción del caso “Kitchen”: “Una utilización ilícita, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal como el presunto enriquecimiento de altos mandos policiales»
Pero además, esta «unidad policial» también se dedicaba al espionaje de los adversarios. A pesar de ello, este “Watergate” del PP, no solo no logró parar las reivindicaciones del independentismo catalán, sino que las incrementó y les dio argumentos para expandir la idea de abandonar España.
De sobra es conocido en desenlace de todo el llamado “procés”, unas más que discutibles sentencias –que veremos si no son anuladas por el TEDH-.
Pero, curiosamente, la justicia española mira para otro lado. El juez de instrucción de la Audiencia Nacional ha intentado en todo momento “salvar” a cuanto personaje PPero ha podido. No ya solo Cospedal, sino que desconoce quién es M. Rajoy y, mientras tanto, no solo rechaza investigar sobre esta “operación”, sino que dedica su tiempo y trabajo a ver cómo poner zancadillas a la labor del Congreso.
Porque este juez, ve “terrorismo” por todos lados y en ello se ampara para intentar que la ley de amnistía no tenga efectos tras su aprobación por el Congreso. Lo que un juez no puede hacer, maniobrar para sabotear un proyecto de ley, estamos viendo que lo hace.
En muchas ocasiones hemos visto como determinados jueces/juezas de instrucción han “manejado” a su antojo y en el tiempo algunos de los casos más relevantes desde el punto de vista de la opinión pública. Lo han hecho para hacer coincidir algunas actuaciones con procesos electorales y con fechas políticamente significativas. Y esto no puede –en estricta legalidad- hacerlo un juez, al igual que no puede tener en “reserva” determinados procedimientos por si en algún momento pudieran serles de utilidad. Pues esta irregular actuación se parece muy mucho a los que el juez del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional ha llevado a cabo con el llamado “Tsunami Democràtic”. Y mientras se niega a investigar la “Operación Cataluña”, no tiene empacho en realizar investigaciones prospectivas e indagar a ver dónde, en qué hechos, puede crear la apariencia de un delito.
Tampoco entra en el campo de la legalidad, excluir una prueba y aceptar otras de manera inmediata. Los informes “policiales” son eso, informes, que el juez debe valorar, pero no dar validez sin más. Esa forma de actuar llevó a prisión a quien fuera presidente del Barcelona, Sandro Rosell, que terminaría absuelto y que ahora nadie quiere asumir la responsabilidad de haber tenido en la cárcel a un inocente.
Ningún juez asume responsabilidades y, para más escarnio, García-Castellón rechazó su querella y denegó la petición del empresario de personarse en el caso “Tándem”, del que deriva la operación Kitchen.
Como vemos, hay jueces que adecuan la realidad para que se ajuste, aparentemente, a la legalidad que avale sus actuaciones. Pero la verdad es que esas actuaciones –como las de mantener en secreto algún sumario sobre el que se lleva mucho tiempo sin investigar, no parecen que se ajusten al escrupuloso respeto a la ley.
Por ello, podemos decir, sin mucho temor a errar, que la teoría conspirativa que Fernández Díaz rechazaba y que consideraba de “psiquiatría”, se está demostrando real. Que en la “Operación Cataluña” han coincido miembros del gobierno del PP, funcionarios policiales y funcionarios judiciales. Es decir, el aparato del estado utilizado por un gobierno para esconder sus propios casos de corrupción y fabricarlos contra los rivales políticos.
Pero en todo esto hay algo que no deberíamos ignorar, la corrupción que anida en ese aparato del estado, pues la complicidad entre gobierno, policía y jueces, no se podría haber dado de no existir un nexo común –no solo ideológico-, el nexo de la corrupción, pues tan corruptos son los cargos políticos implicados como los funcionarios que han colaborado.
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